Muestra Pablo Gómez ‘gran trama de corrupción’ en la que supuestamente participó funcionaria del Poder Judicial
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, denunció una “gran trama de corrupción” en torno a la empresa Nunvav, fundada por el extitular de la secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y donde presuntamente participó Sonia Vargas Terreros, actual directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Es necesario decir que las personas que he mencionado están dentro de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), no son desconocidas, están sujetas a investigación, pero no solo estos por estos actos que están conectados a una gran trama de corrupción; estamos insistiendo que a través de la Procuraduría Fiscal, estas personas están involucradas, porque son quienes firmaron los contratos y por lo tanto quienes autorizaron las erogaciones”, sostuvo Pablo Gómez en Palacio Nacional durante la mañanera.
Convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el viernes pasado el Presidente diera a conocer que a Sonia Vagas la contrató la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Pablo Gómez señaló que en esta trama de contratos con diversas compañías para la adquisición de bienes y servicios que no se cumplieron, participaron también los exfuncionarios Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Rodrigo Esparza Cristerna, Rafael Avilez, Humberto Martínez González y Sonia Vargas.
“Que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos, estos primeros (contratos) son para sistemas de rastreo y localización, básicamente localización de redes celulares, un sistema llamado Safe City instalado supuestamente, que no lo fue, en Ciudad Juárez, todos de la empresa Nunvav”, señaló Gómez Álvarez al dar a conocer el objeto de las adquisiciones señaladas por la Secretaría de Seguridad Pública.
Agregó que estos contratos, muchos de ellos simulados, permitieron desviar cerca de 700 millones de pesos y luego de pasar por paraísos fiscales, enviados a Florida, Estados Unidos.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares, no es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El gobierno mexicano ha acudido a los tribunales en florida. El juicio fue admitido y va a llevarse en una corte de Florida, en este momento se ha detenido por una impugnación que presentaron los demandados, ellos están sosteniendo que no tiene competencia, pero una ley federal y una local del estado de florida señala que cuando se trata de recursos invertidos en Florida sí tiene facultades”, aclaró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
fgr
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