Jueza obliga a SEP a fijar plan para cada entidad
A una semana del inicio del ciclo escolar 2023-2024, una jueza federal ordenó a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) establecer una estrategia con autoridades locales para garantizar a los papás que estos materiales no causarán afectación a los menores, a través de propuestas diferenciadas para cada entidad federativa, con las que los padres podrán, previamente, evaluar los libros y determinar si son adecuados.
Además, Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió una suspensión en el marco de la controversia constitucional promovida por el gobierno de Coahuila para frenar la distribución de los libros, con lo cual se convierte en el segundo estado que frena el reparto de los materiales, al sumarse a Chihuahua, que obtuvo una medida semejante.
El ministro dijo que su resolución se basa en las reglas que fija la Ley General de Educación (LGE) para la elaboración de los planes y programas de estudio, así como de los libros de texto, las cuales, según los estados inconformes, “no fueron cumplidas”.
Previamente, al resolver un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), la jueza Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, estableció que, “en concordancia con las autoridades estatales educativas (titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa) y locales (municipales), establecerán una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2023-2024; pudiendo establecer un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa”.
Explicó que, dado que en cada entidad federativa las posturas de los padres de familia son diversas en cuanto a la entrega de dichos libros, con este amparo la SEP estará obligada a aportar en cada estado una estrategia distinta para la entrega de los materiales.
Por lo anterior, aquellos estados donde los padres no tienen la certeza de que los materiales son óptimos para la educación de sus hijos, será idóneo entregar los libros vía virtual a los padres, para que ellos autoricen o no previamente si el material físico puede ser entregado a los menores.
Advirtió que, para que se dé cumplimiento a lo anterior, “en orden del principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo primero constitucional, las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios, considerando el interés superior de la infancia y la adolescencia”.
La juzgadora dijo que la SEP y la Conaliteg pueden impugnar el fallo, con el fin de que el caso pueda resolverse en un tribunal colegiado, mismo que determinaría “si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia”.
Más tarde, la SEP ratificó en un comunicado: “En relación con el juicio de amparo 784/2023 (…) se hace del conocimiento que el día de hoy, 21 de agosto de 2023, fue notificada la sentencia correspondiente, misma que no se encuentra firme, ya que la SEP interpondrá el recurso legal correspondiente y no existe impedimento legal alguno para que todas las Autoridades Educativas Locales (excepto Chihuahua), garanticen la entrega oportuna de los libros”.
La jueza Medina Alcántara apuntó que el interés superior de la infancia se funda en la dignidad del ser humano, y por ello, dijo, “los materiales que servirán para su educación deben ser garantizados respecto a su contenido”.
El pasado 10 de agosto, durante una reunión, la SEP dio a conocer que se habían presentado hasta entonces un total de seis amparos en contra de los libros de texto.
Con el objetivo de frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, el PAN presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de Educación Pública (SEP), y solicitó la intervención del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La queja presentada ante el organismo defensor se replicó en las 32 comisiones estatales, a fin de que se exija a la dependencia cumplir con la ley y se suspenda la entrega de los materiales.
“Enfrentamos circunstancias alarmantes relacionadas con la entrega de libros de texto ideologizados por parte de la SEP. Ante esta situación, no podemos mantenernos en silencio, ya que va en contra de los principios de calidad, objetividad y pluralidad que deben regir la educación de nuestras futuras generaciones”, señaló el partido.
A la Comisión le pide que investigue y se pronuncie por lo que consideran un “abuso de autoridad” por parte de los involucrados en cumplir con el mandato para garantizar que la educación se base en la ciencia y sin rasgos ideológicos “radicales” para “imponerla” en la niñez.
Uno de los argumentos de la denuncia es que no se publicaron los planes de estudio previo a su producción y, presuntamente, no se consultaron a académicos, con lo que se “contradicen las normativas educativas, socavando la integridad de la educación en nuestras instituciones”.
A la Unicef se le pide intervenir respecto a la protección de los derechos de los niños, pues los panistas consideran que se enfrentan “circunstancias alarmantes”.
“Exhortamos a los padres de familia a defender su derecho y deber de educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias… Con su apoyo, contribuiremos a asegurar una educación que forme ciudadanos críticos, conscientes y respetuosos de la diversidad. Agradecemos su solidaridad en esta causa trascendental en defensa de los derechos humanos de los niños y niñas en México”, señalaron.
source https://www.razon.com.mx/mexico/jueza-obliga-sep-fijar-plan-entidad-541592
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