Ningún poder por encima de la Constitución: ministro Alberto Pérez Dayán
En el marco de la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán afirmó que ningún poder está por encima de la Constitución; aseguró que la militancia y la Judicatura no son afines, por lo cual rechazó que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
Durante su mensaje en el recinto histórico del Teatro de la República, con la representación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, Pérez Dayán dejó en claro que es la Constitución la que dio a la SCJN la facultad para invalidar leyes, “independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa”.
“El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que, por encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga. Electa o no electa. Sin distinción alguna”, sostuvo Alberto Pérez Dayán.
El Ministro destacó que los tres poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos, al surgir, precisamente, del propio estamento constitucional. “Aquí, ninguno es más democrático que el otro”, agregó ante las representantes del Legislativo y Ejecutivo.
Alberto Pérez Dayán expuso que el texto supremo explica, en su artículo 3, que por democracia debemos entender: “no solamente aquella estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Abundó que cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley, a realizar lo que éstas prescriben, representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público.
Alberto Pérez Dayán dijo que “defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar”.
Mencionó que en el sistema dibujado por el constituyente reunido en este recinto hace más de un siglo, se entendió nítidamente que la participación ciudadana y la legitimación de las instituciones se entrelazan de manera indisoluble.
“El Tribunal Constitucional creado décadas más tarde, es el intérprete lúcido de la voluntad popular, materializada en la norma, que le permite y obliga a asegurarse de la conformidad de las leyes y sus procesos de creación con los preceptos supremos. De no atenderlos, esa la ley no es ley, y tampoco debe ser obedecida. Declarar su invalidez es la consecuencia de sus propios vicios. De esto, de esto no debe sorprenderse nadie”, dijo.
Alberto Pérez Dayán recordó las palabras del constituyente Paulino Machorro y Narváez, quien destacó que “…el magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública; no va a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio; simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”.
Y continúo la cita: “él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores… La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político… Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte un juego de las pasiones”.
“Agrego yo: militancia y judicatura no son afines, estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después”, señaló el ministro Alberto Pérez Dayán.
Al final de su mensaje en el acto donde por primera vez no asistió el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el ministro indicó que en este Teatro de la República cada 5 de febrero espera a que los Poderes de la Unión, de cuerpo presente, rindan cuenta del ejercicio de su juramento constitucional.
“El Poder Judicial de la Federación cumple su cita y da cuenta puntual de su encomienda con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos y siempre comprometido con su vocación democrática. No lo duden ni un momento hay Constitución, que viva la Constitución de México”, finalizó.
La Constitución mexicana registra 769 reformas hasta la actualidad, las cuales han permitido reconocer otro tipo de derechos que hace más de un siglo no se consideraban, destacó Francisco Burgoa Perea, especialista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige fue promulgada el lunes 5 de febrero de 1917. “En ese entonces tenía más de 70 mil palabras y fue considerada la más avanzada del mundo por el reconocimiento a los derechos sociales; no obstante, ha sabido adaptarse y adecuarse a los requerimientos de la sociedad mexicana”, afirmó Burgoa Perea.
En 107 años ha tenido 769 reformas que han sido publicadas en 255 decretos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que promedia 7.18 enmiendas anuales. De acuerdo con el experto, la Carta Magna mantiene su fortaleza y valor, aun con el número de cambios registrados.
“Inclusive Venustiano Carranza, cuando presenta su proyecto ante el Congreso Constituyente de Querétaro, tenía la idea de sólo reformar la de 1857, no formular una nueva; sin embargo, se incorporaron los derechos sociales, que son los que le van a dar esta posibilidad de que haya sido considerada la más avanzada del mundo”, refirió.
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FGR
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