Sin avance ni detenciones en el 93% de homicidios a aspirantes
De los 15 asesinatos reconocidos por el Gobierno federal de candidatos y precandidatos a puestos de elección popular en el proceso 2023-2024, permanece la impunidad en 93 por ciento de ellos, pues sólo un presunto implicado ha sido detenido y vinculado a juicio por la muerte de Yair Martín Romero, aspirante a diputado federal en Ecatepec.
Hasta el momento, ninguno de los homicidios ha sido atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), como en un momento abrió la posibilidad el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, y todos se encuentran en manos de las fiscalías de los estados donde ocurrieron los hechos.
Las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al corte del 2 de abril de este año, contrastan con los “otros datos” de organizaciones y colectivos, que advierten que la cifra de homicidios de aspirantes es más alta, como recientemente lo dio a conocer Causa en Común, que reportó 24 casos.
Para los organismos independientes, los 15 asesinatos reconocidos por el Gobierno son cifras que se quedan cortas. La consultora Data Int contabiliza 28 ejecutados, mientras que Data Cívica reportó 10 el primer bimestre del 2024 y 11 en la segunda mitad del 2023; es decir, 21 en total.
Ante la ola de violencia que, a decir de los expertos, parece imparable, a un mes y medio de que se celebren los comicios más grandes de la historia del país, plantearon la urgente necesidad de que gobierno, partidos políticos y candidatos se sumen a un pacto nacional de civilidad.
Sebastián Godínez, politólogo de la UNAM, destacó la necesidad de convocar, desde el Poder Ejecutivo, a los partidos, gobiernos estatales y candidatos a concretar un acuerdo de civilidad que permita transitar a la vía democrática, de manera pacífica, debido a que la violencia y los ataques entre actores políticos está “desbordada”.
“Tomando en cuenta el año 1997 hasta el 2018, los partidos llamaban a pactos de civilidad, había un marco jurídico que se establecía de respeto para evitar esto, y que si bien no se contenía del todo, sí era parte de llamar a la solución y a combatir la violencia.
“Sin embargo, ahora no estamos viendo que hay un pacto para combatir la violencia o reducirla o que dé certeza a los candidatos para que puedan competir, ya no sólo en equidad de condiciones e igualdad, sino con la seguridad y la tranquilidad. A mí es lo que me preocupa, que si no hay seguridad, entonces la democracia se ve lastimada”, refirió a La Razón.
Datos de la SSPC establecen que ninguno de los 15 candidatos, precandidatos y aspirantes asesinados contaban con protección de las fuerzas policiales y armadas. Ocho de ellos eran de Morena, dos del PAN e igual cifra, de la coalición PRI, PAN y PRD; y con uno los partidos Movimiento Ciudadano, y el Partido Verde.
En el caso de la candidata morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, asesinada el 1 de abril, no contaba con antecedentes de amenazas o denuncias. La Fiscalía de Guanajuato tiene la investigación en sus manos y fueron capturadas cuatro personas, pero no se ha comprobado su participación directa en el homicidio.
También fueron ejecutados Miguel Ángel Reyes, a la alcaldía de Maravatío, Michoacán; Jaime González, que buscaba la presidencia municipal de Acatzingo, Puebla; Ricardo Taja, aspirante a diputado federal en Guerrero; Manuel Hernández, a diputado local de Misantla, Veracruz; Miguel Tomás Morales, alcaldía de Chilapa, y Guillermo Torres, a la reelección de Churumuco, Michoacán.
En el caso del aspirante a diputado federal por el distrito 16, Yair Martín Romero, se abrió carpeta de investigación en la Fiscalía de Homicidios Valle de México y se detuvo a Enrique “N”, de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (Unson), como presunto responsable material del crimen, quien ya está vinculado a proceso.
Para el exconsejero electoral Marco Antonio Baños hay deficiencias en el protocolo de protección para los diversos candidatos a cargos de elección y mucha burocracia. “Cuando eso ocurre (otorgar seguridad), lamentablemente ya asesinaron al candidato que la está pidiendo”.
Planteó que se haga una asignación de protección cautelar inmediata de carácter provisional, “hasta que definan todo el tema de la burocracia, el papeleo que tienen que seguir” en el INE (Instituto Nacional Electoral), los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales) y las instancias de seguridad federales y estatales.
Marco Baños ejemplificó el caso de la abanderada de Morena en Celaya, Gisela Gaytán, el cual evidenció, “con mucha crudeza, cuáles son las deficiencias del protocolo. En primer lugar, el INE no es autoridad competente para garantizar la seguridad de las candidaturas. Segundo lugar, es un tema de mucha burocracia: el INE recibe las propuestas, en este caso las tiene que canalizar hacia el OPLE; éste, a su vez, a la Secretaría de Gobierno del estado y luego después se tiene que analizar si le van a dar o no la protección a esa candidatura. Ocurre lo mismo a nivel federal”, explicó a este diario.
De las cifras de ataques en los últimos tiempos da cuenta el proyecto “Votar entre balas”, de Data Cívica, que en alianza con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) reportó que desde el 2018 a lo que va de 2024 se han registrado mil 755 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
Marco Baños advirtió que “si no reducen la tramitología que se sigue para estos temas, pues lamentablemente corremos el riesgo de seguir comentando asesinatos día tras día”.
source https://www.razon.com.mx/mexico/avance-detenciones-93-homicidios-aspirantes-572904
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