¿Se avecina otro fiasco electoral para Washington en Latinoamérica?
Este domingo 30 de abril se realizarán comicios generales en Paraguay, donde estarán en juego la presidencia, la totalidad de los 125 asientos de su congreso bicameral (45 senadores y 80 diputados electos por el principio de mayoría relativa, sin la existencia de legisladores plurinominales o de partido), y las 17 gobernaciones departamentales, además de otros cargos locales menores. Por primera vez se hará uso del voto electrónico como herramienta de inmediatez, certidumbre, eficacia e imparcialidad.
Se trata de un país sudamericano del que suele escucharse muy poco, cuya superficie rebasa ligeramente los 400 mil km2, vecino de Argentina, Brasil y Bolivia, miembro del MERCOSUR (junto con Brasil, Argentina y Uruguay); sin salida al mar (aunque rodeado por dos ríos navegables importantes que se unen al sistema hídrico Paraná-La Plata, con desembocadura en el Océano Atlántico); con cerca de siete y medio millones de habitantes que – en lo general – hablan dos idiomas (español y guaraní). Un dato pintoresco es que, aunque su segundo idioma oficial es indígena, se imparte obligatoriamente en el sistema educativo nacional y es hablado comúnmente por todos los grupos étnicos del país, incluyendo a los descendientes de migrantes europeos.
Para ayudar a nuestro sentido de proporción pensemos que sus dimensiones, tanto demográficas como de superficie, son un poco menores a la suma de los estados de Sonora y Chihuahua, aunque su capital (Asunción) reporta alrededor de 2.7 millones de habitantes en toda su área metropolitana (Gran Asunción), lo que representa un 36% del total nacional (comparativamente, la Ciudad de México y los municipios conurbados a ella suman poco más de 21 millones y representan un 16% del total nacional, estimado en 130 millones). Estas características poblacionales permiten explicar, en alguna medida, el carácter centralista del modelo republicano-constitucional paraguayo, por lo que su división política interna no obedece al esquema federal de estados libres y soberanos con constituciones propias y división de poderes subnacional que manejamos en México, de ahí que los titulares de las gobernaciones departamentales sean relativamente débiles en términos políticos, presupuestarios y de ejercicio coactivo de la autoridad pública.
Durante la mayor parte de la Guerra Fría, el país fue controlado férreamente por un gobierno militar unipersonal encabezado por el General Alfredo Stroessner – absolutamente reacio a la democracia – quien se mantuvo en el poder por 35 años (1954-1989) y cuya adscripción partidista fue la Asociación Nacional Republicana (ANR), mejor conocida como “Partido Colorado,” mismo que se guía por valores compactados en un catálogo conservador, verticalista, pragmático, corporativista y nacionalista. Dicha organización política es de las más antiguas del mundo, ya que se ha mantenido vigente hasta nuestros días de manera ininterrumpida en el escenario electoral paraguayo desde 1887. Su rival electoral habitual es el derechista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo origen también se remonta al mismo año, aunque su presencia ejerciendo el poder ejecutivo ha sido muy menor tanto en la segunda mitad del siglo pasado, como en los 22 años que han transcurrido del actual, no sin contar la mayor parte de ese tiempo con una bancada robusta en el Congreso Nacional.
Ahora bien, a partir de la caída de la dictadura militar se reorganizó la participación electoral para dar acceso a nuevos actores políticos, lo que llevó a la emisión de la Constitución de 1992, abriendo paso a la denominada “era democrática,” que ha permitido la elección de seis gobiernos presidenciales, encabezados todos – excepto uno – por candidatos del Partido Colorado. Ese breve paréntesis no Colorado llevó al poder en 2008 al exobispo católico Fernando Lugo, candidato de izquierda en coalición con el derechista PLRA. El experimento solo fue exitoso en lo electoral, ya que las diferencias entre los miembros de la alianza, sumadas a la confrontación parlamentaria con el coloradismo, llevaron a la destitución de Lugo después de un muy controvertido e inusualmente expedito juicio político resuelto solo en unas horas por sus detractores en el senado. Una vez separado del cargo, el vicepresidente del derechista PLRA asumió el poder por el periodo restante de la gestión.
Esos mismos compañeros de viaje se han vuelto a unir para presentar una candidatura presidencial común en la persona del liberal derechista Efraín Alegre, a la cual denominan “Concertación,” enderezada para oponerse al oficialista Partido Colorado, lo que reafirma la persistente vigencia del apotegma “la política lleva a la cama a parejas muy extrañas,” modificada juguetonamente de una célebre frase Shakespeariana aparecida en su obra “La Tempestad” en 1611.
Al margen de la muy alta competitividad electoral de la Concertación (fórmula aliancista de tirios y troyanos que ya reventó en la práctica en 2012 merced de agrias luchas intestinas entre los coaligados), tienen frente a sí a la siempre bien aceitada maquinaria electoral del coloradismo en la figura de Santiago Peña – un joven candidato tecnócrata y neoliberal, con antecedente laboral en el Fondo Monetario Internacional y una exitosa trayectoria como funcionario bancario – que se impuso a su rival correligionario en las elecciones internas del partido oficial en diciembre del 2022.
Conforme a la lógica política mexicana, hasta aquí todo se antoja normal: una alianza opositora se enfrenta al candidato del gobierno (quizás ya nos hemos acostumbrado a las coaliciones de izquierda y derecha, primero para enfrentar al PRI y ahora para oponerse a Morena). No obstante, la ortodoxia en el análisis se rompe cuando observamos que el presidente en turno surgido del Partido Colorado (Mario Abdo Benítez) es rival político irreconciliable del candidato oficial Santiago Peña. Y más agitado se torna el escenario cuando la Embajada de los Estados Unidos asume un rol protagónico al apoyar abiertamente el interés presidencial en detrimento del correligionario non grato que enarbola la bandera colorada para mantener su hegemonía en el Palacio de López (nombre oficial del asiento del Poder Ejecutivo Nacional paraguayo.)
A pesar de tratarse de un régimen presidencialista, el actual titular del ejecutivo ha enfrentado fuerzas internas dentro del propio coloradismo que no comulgan con su liderazgo, descollando notoriamente la encabezada por el expresidente Horacio Cartes, que ocupó el cargo de 2013 a 2018. El quiebre entre el cartismo y los seguidores de Abdo Benítez se remonta a la sucesión presidencial del 2018, cuando Cartes estaba en el poder y desde ahí impulsó a Santiago Peña para la candidatura presidencial del Partico Colorado, misma que perdió en la interna ante el actual presidente Abdo.
Las rencillas entre ambos grupos se han mantenido a lo largo de la actual administración, con un presidente relativamente disminuido en su influencia y poder dentro del partido y un expresidente que no tan solo logró imponer por amplio margen a su mismo candidato del proceso presidencial anterior, sino que él mismo asumió la titularidad nacional del Partido Colorado en las internas llevadas a cabo en diciembre pasado, en las que resultó ganador Santiago Peña sobre el candidato promovido por el presidente Abdo.
Casi nada de esto se apega a los usos y costumbres del quehacer político mexicano, ya que sus dirigentes, aun después de haber rivalizado en la competencia interna por cargos ejecutivos y asientos legislativos, suelen limar asperezar y restañar heridas en aras de fortalecerse mutuamente buscando la unidad ante los rivales de oposición una vez que han asumido el gobierno.
Es importante subrayar que las vertientes ideológicas de ambas corrientes coloradas son prácticamente iguales, sin distinciones programáticas sustantivas ni perfiles que rompan la ortodoxia Estado-mercado de una economía abierta sujeta a variables macro disciplinadas. Lo mismo podría decirse del PLRA, aunque su tracción anímica es impulsada por un anhelo ciudadano de transformación en los cuadros gubernamentales, parlamentarios y de liderazgos populares regionales. El otro gran elemento instalado en la narrativa de los diversos partidos opositores amalgamados en la denominada “Concertación” es – con sobrada razón – el hastío ciudadano ante la corrupción, tema que abre la puerta al por demás inusual papel protagónico del Gobierno de los Estados Unidos en el actual proceso electoral.
Resulta difícil entender la molestia del país del norte con una facción del partido en el poder de un país poco poblado, lejano y aliado, ubicado a la derecha del espectro ideológico y sin afanes estatizantes, en una geografía sudamericana abarcada casi en su totalidad por gobiernos de izquierda. Más incomprensible aún resulta el encono con el cual ha dirigido todo su vigor diplomático a fin de desacreditar al dirigente nacional del Partido Colorado y expresidente del país, Horacio Cartes. A todas luces resulta lógico que cualquier descalificación pública en voz del Embajador de los Estados Unidos a un actor político de la relevancia de Cartes habría de afectar ineludiblemente a su partido y a su candidato en tiempos electorales, lo que la prudencia y el decoro diplomáticos indican que debe evitarse en aras del respeto a los procesos democráticos internos de un país amigo. Pues nada de esto, que podría entenderse como un comportamiento decente entre naciones que se respetan, parece tener valor suficiente para un gobierno norteamericano resuelto en descarrilar el triunfo del candidato Santiago Peña a la presidencia de la república. Vayamos, pues, a lo acontecido:
El 22 de julio de 2022, en un caldeado ambiente prelectoral de cara a las internas del Partido Colorado que habrían de realizarse en diciembre de ese mismo año, el Embajador de los Estados Unidos llamó a rueda de prensa a los medios para difundir un comunicado oficial emitido directamente desde Washington por el Secretario de Estado Anthony Blinken, mediante el cual designó “por su participación en actos de corrupción significativos” al expresidente Horacio Cartes, lo mismo que a sus tres hijos mayores de edad, sin mediar investigación o acusación judicial formal alguna por parte del Departamento de Justicia de dicho país en contra de ninguno de ellos. Le atribuyó conductas punibles que van desde la obstrucción de investigaciones sobre el crimen trasnacional y la asociación criminal, hasta el socavar a las instituciones democráticas de Paraguay y realizar acciones que perpetuaron la participación directa de Cartes con organizaciones terroristas que ponen en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Sostiene dicho comunicado que las autoridades norteamericanas cuentan con la documentación que respalda lo afirmado en el mismo (aquí la versión resumida en línea: https://py.usembassy.gov/es/designacion-del-expresidente-paraguayo-horacio-manuel-cartes-jara-por-participacion-en-corrupcion-significativa/). El 26 de enero de este año, la acusación fue ampliada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro (aquí la versión en línea: https://py.usembassy.gov/es/departamento-del-tesoro-de-ee-uu-sanciona-a-expresidente-y-el-actual-vicepresidente-de-paraguay-por-corrupcion/) contra el expresidente por haber entregado dinero a políticos de su partido y a legisladores leales a sus intereses, tanto colorados como de oposición, a fin de que le otorgaran su apoyo en los procesos legislativos y/o de gobierno que fue realizando durante su administración, además de un proyecto personal de reforma constitucional para permitir su reelección (en Paraguay, como en México, no está prevista la reelección presidencial.)
La reputación pública del expresidente Cartes lo ubica como un empresario de gran poder económico en el país, no siempre sujeto a las restricciones que ordena el marco normativo para los emprendimientos que encabeza (capitalismo de amigos de reglas caprichosamente flexibles.) En el aspecto político, se volvió un factótum en el ejercicio del poder unipersonal y la mayoría de los dirigentes colorados ha aceptado y apoyado su liderazgo voluntaria y disciplinadamente, aunque no sin claros signos de clientelismo patrimonialista.
Resulta por demás extraño que, durante las gestiones de los expresidentes Obama y Trump – que fue el quinquenio en que Cartes ocupó la presidencia – la relación bilateral entre ambos países transcurrió sin incidentes ni sobresaltos; incluso fue Cartes quien secundó a Trump como uno de los muy pocos líderes internacionales que llevaron a cabo el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén (contando con el beneplácito inmediato del gobierno israelí), cosa que el actual presidente Mario Abdo revirtió como primer acto diplomático poco tiempo después de asumir el cargo en agosto de 2018.
Lo irónico de cuanto aquí se ha referido es que los obuses diplomáticos asestados sobre la dupla Cartes-Peña, con un claro favoritismo en apoyo al Presidente Abdo y, por extensión, a quien se oponga al coloradismo electoral en la jornada comicial, han sido claramente inefectivos; los sondeos indican que, aunque el proceso será muy reñido, hay una pequeña ventaja a favor del candidato colorado, quien no se ha arredrado ante la andanada de descrédito propinada a su mentor político, quien – dicho sea de paso – tampoco reculó en su ímpetu de seguir impulsando su proyecto de reconquista del poder, a contrapelo del Coloso del Norte.
¿Ganará la elección el cartismo? ¿Podrá Santiago Peña transitar sin sobresaltos el interregno entre el día de la elección y el 15 de agosto en que deberá asumir el cargo en caso de resultar ganador este domingo? ¿Recrudecerá Estados Unidos su postura punitiva en contra de Horacio Cartes mientras Mario Abdo continúe en el poder? ¿Eleverá la apuesta y ordenará su detención? De ser así, ¿lo capturará y extraditará de manera expedita el gobierno de Mario Abdo o tendrán que esperar a que asuma Santiago Peña y lo forzarán a perseguirlo? Y en caso de ganar la oposición, ¿será detenido Horacio Cartes corriendo el riesgo de un quiebre entre las fuerzas que integran a la Concertación? Esta y muchas otras preguntas surgen ante un escenario tan complejo y con la sombra de Washington detrás de cada decisión que se tome en cualquiera de los bandos. La moneda está en el aire y los resultados, con sus correspondientes consecuencias, son de pronóstico reservado.
Esto puede dejar algunas lecciones para el análisis actual en México, ya que quizás estemos arribando a una etapa en la que los amagues y acciones de alto octanaje diplomático y/o consular estadounidense queden solo en fuegos fatuos que, sin duda, implicarán incandescencia mediática y presión de poderes fácticos, pero no mucho más que eso.
¿Se atrevería el gobierno estadounidense a declarar significativamente corrupto a un expresidente de México? ¿Ejercería presión mediática directa para desacreditarlo públicamente en voz del propio titular de la Embajada? En caso de no hacerlo con un expresidente, ¿lo harían quizás con un exfuncionario de alto rango? ¿Reaccionaría la o el presidente en turno en apoyo del ex titular del ejecutivo? ¿Dependería el tipo e intensidad de la reacción del partido al que perteneciesen ambos funcionarios? Sin duda el escenario de especulación es muy amplio, pero conviene tener en mente que la OFAC del Departamento del Tesoro es una instancia que puede ser utilizada para operar políticamente en contra de adversarios de las administraciones norteamericanas, al igual que la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones sobre Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado, cuya vigencia inició apenas en enero de 2022, que fue justamente la invocada para retirar la visa de acceso al expresidente Cartes y los miembros de su familia.
Habrá que prestar mucha atención a dichos acontecimientos.
Fernando Espinoza, mexicano residente en Paraguay.
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