Grupo México analiza acciones tras decreto y ocupación de instalaciones de Ferrosur
Grupo México Transportes (GMXT), del empresario Germán Larrea, estudia acciones ante la intervención del Gobierno federal que se suscitó en sus instalaciones ferroviarias el pasado viernes.
La empresa continúa en negociaciones con las autoridades para encontrar una solución apegada a derecho sobre la concesión del tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas.
“De no llegar a un acuerdo, la ocupación temporal se convertirá en definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes y del libre mercado”, dijo.
El viernes pasado se dio a conocer que tres tramos ferroviarios de Ferrosur, propiedad de Grupo México, fueron declarados como “utilidad pública” y tomados por la Secretaría de Marina. Este tramo, de 120.2 kilómetros, se integra a la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que el jueves fue declarado como obra de seguridad nacional por medio de otro decreto presidencial.
“Actualmente, la negociación enfrenta una circunstancia difícil ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones”, expuso la firma
A través de un comunicado, GMXT, subsidiaria de Grupo México, dijo que, como antecedente, a principios del 2022, se firmó un acuerdo con las secretarías de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el cual contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Tras la firma, la empresa inició las obras de construcción y efectuó gastos por “varios cientos de millones de pesos”. “Lamentablemente, el acuerdo fue desechado por el Gobierno meses después”, expuso.
Grupo México aseguró que la empresa ferroviaria del Estado ya tenía derecho de paso sobre el tramo en cuestión. Sin embargo, dijo, la insistencia del Gobierno en que la Secretaría de Marina disponga de la concesión implica que esa dependencia sea responsable del cuidado y la operación de la vía.
“Estando en curso este proceso de negociación, resultó sorpresiva e inusitada la acción militar que ejecutó personal de la Marina el pasado viernes”, consideró, y añadió que ya estaban agendadas reuniones de trabajo entre las partes para avanzar en la negociación.
La Iniciativa Privada (IP) y analistas manifestaron su inquietud por el decreto de AMLO y la toma de las instalaciones de GMXT, al considerar que atenta contra la inversión.
El Consejo Coordinador Empresarial expresó su preocupación por el decreto publicado el viernes que declara de “utilidad pública” diversas actividades ferroviarias que estaban concesionadas al sector privado en la zona del Istmo, y que pasarán en favor de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
“Más allá de la controvertida legalidad del decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades”, dijo.
En su opinión, es necesario que para dichos propósitos se procuren condiciones de plena certeza jurídica para seguir fortaleciendo el interés de empresarios mexicanos y extranjeros por invertir en los grandes proyectos nacionales.
Por su parte, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo demandó medidas contundentes para detener las expropiaciones arbitrarias que afectan a los empresarios del país.
“La propiedad privada es la base fundamental del libre ejercicio empresarial y es esencial para fomentar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo”, expuso.
En tanto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México aseguró que las expropiaciones arbitrarias que afectan a los empresarios vulneran el Estado de derecho y afectan todas las inversiones realizadas en el país bajo el régimen de concesión.
Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, expuso que la ocupación de la Marina podría ser considerada una forma de expropiación. En su opinión, el decreto por sí solo genera desconfianza para los empresarios en un clima de negocios que ya estaba deteriorado.
Además, plantea preocupaciones adicionales sobre el respeto a los derechos y la seguridad jurídica en el país.
Siller recordó que, hace meses, Larrea había anunciado sus intenciones de adquirir Banamex de Citigroup, pero “lo ocurrido con Grupo México podría poner en riesgo esta transacción”.
JVR
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